
La Casa Rosada atraviesa un nuevo escándalo tras la filtración de audios que comprometen al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien habría señalado supuestas coimas vinculadas a la compra de medicamentos y mencionado a Karina Milei y Martín Menem en los negociados. Su desplazamiento no frenó la polémica: ya hay una denuncia penal y la oposición apunta al corazón del Gobierno en un año electoral.
Un nuevo escándalo sacude a la Casa Rosada tras la filtración de una serie de audios que comprometen al ahora ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En las grabaciones, difundidas en el programa Data Clave conducido por Mauro Federico, se lo escucha hablar de supuestos aportes exigidos a laboratorios farmacéuticos a cambio de garantizarles contratos con el Estado. Los audios también incluyen referencias a conversaciones con el propio presidente Javier Milei, en las que Spagnuolo habría expresado preocupación por la corrupción dentro del organismo.
En uno de los audios más comprometedores, se escucha a Spagnuolo cuestionar: “¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?”. En otro fragmento se dirige a Milei con un desesperado “Javi, qué hago”. Según su relato, de esos negociados Karina Milei y Martín Menem se beneficiarían con sumas “de medio palo para arriba de medicamentos por mes”. También asegura guardar “todos los WhatsApp de Karina” como prueba de las maniobras.
Tras la difusión de los audios, el Gobierno decidió desplazar de inmediato a Spagnuolo. “Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad”, comunicó la vocería presidencial a cargo de Manuel Adorni. Cabe destacar que el comunicado oficial no desmintió la autenticidad de las grabaciones.
En horas de la tarde el ejecutivo designó al doctor Alejandro Vilches como su nuevo titular interventor. “Vilches es médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria” anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un posteo de X.
El escándalo también derivó en una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra Javier Milei y Karina Milei, a quienes acusa de “cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos”. Dalbón pidió allanamientos en la ANDIS y en la Secretaría General de Presidencia, el secuestro de los teléfonos de los implicados y un exhaustivo rastreo de movimientos bancarios de las droguerías presuntamente involucradas. Según el letrado, el desvío de fondos en este ámbito impacta directamente en la población más vulnerable.
Fuentes cercanas a la ANDIS aseguran que Spagnuolo se sostenía en el cargo únicamente por su estrecho vínculo personal con Milei, a quien defendió como abogado en causas clave antes de su llegada al poder. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por recortes masivos, denuncias por trato discriminatorio y más de 100 mil bajas en pensiones por invalidez. Desde el inicio, organizaciones de personas con discapacidad lo consideraron un funcionario ajeno a la temática y señalaron que su gestión fue un retroceso en derechos adquiridos.
A lo largo de su paso por la administración pública, Spagnuolo sumó polémicas. Fue denunciado por expresiones discriminatorias en resoluciones oficiales, lideró despidos masivos en la agencia y mantuvo tensiones con referentes del colectivo de discapacidad, como Ian Moche y su madre, quienes lo acusaron de insensibilidad y maltrato. Su salida, ahora confirmada, deja tras de sí un organismo cuestionado, atravesado por acusaciones de corrupción y con un futuro incierto en medio de la crisis política.
El caso expone nuevamente a la gestión de Javier Milei a un frente judicial y político que amenaza con escalar. El Gobierno buscó dar una respuesta rápida con la remoción de Spagnuolo, pero el contenido de los audios y las denuncias ya instaladas prometen mantener abierta la polémica. Mientras tanto, la ANDIS, organismo clave en la asistencia a las personas con discapacidad, queda intervenida en un momento de fuerte conflictividad social y política























