Además de vetar la emergencia en el área, el Presidenteacumula agresiones utilizando la discapacidad como insulto. El ataque en público a un niño con autismo y la burla al síndorme de Down como ejemplos concretos de un límite que se ha sobrepasado.

A principios de este mes, el presidente Javier Milei decidió vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. La decisión fue justificada por el Gobierno sobre la base de criterios fiscales, señalando que las leyes vetadas- junto al aumento de las jubilaciones y la restitución de la moratoria- implicarían un gasto adicional significativo para el Estado, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal y comprometiendo el pacto financiero con organismos internacionales.

En ese marco, la Argentina atraviesa una ola de manifestaciones en distintos puntos del país por parte de personas con discapacidad y familiares, quienes denuncian que el veto implica una quita directa de derechos, dejando a miles de personas sin acceso a prestaciones esenciales y poniendo en riesgo la continuidad de clínicas y centros de día.

A esta situación se suma el recurrente ataque del Jefe de Estado a quienes cuentan con algún tipo de discapacidad, sin importar la edad. Un ejemplo concreto es la agresión de Javier Milei vía X a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que ganó popularidad por su rol de activista de la neurodivergencia y que suele publicar contenido sobre su condición en busca de concientización y sensibilización de la sociedad.

El agravio de Milei contra Moche fue a través de su cuenta de X, espacio donde compartió una publicación con IanMoche como protagonista. Allí tildó al niño de haber sido “utilizado” por el gobierno anterior y de “operar” contra la actual gestión. Además, lo catalogó de “ultrakirchnerista”.

En ese marco, la familia del chico denunció al presidente ante la Justicia por las agresiones en redes sociales hacia el chico y su hostigamiento en público, buscando que elimine su tweet. Como contrapartida, Milei sostuvo que, si bien la cuenta en la red social X lleva tilde gris, esto no la convierte en “oficial o institucional del Poder Ejecutivo”, además de señalar que se trata “de una opinión personal amparada por el derecho a la libertad de expresión”. En efecto, se negó a borrar aquella publicación.

El caso no solo es un acto de hostigamiento personal, sino que constituye una violación grave de las obligaciones que el Estado argentino asumió al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y promulgar la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El caso Torres

No es la primera vez que Milei utiliza sus redes sociales acumula para realizar posteos agraviantes hacia el colectivo. Ya a principios de 2024, en plena disputa por los fondos provinciales con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lo llamó "down" para insultarlo desde su cuenta oficial. Aquel episodio levantó las alarmas de las organizaciones como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). 

"Estas palabras, especialmente cuando provienen de una figura de tan alta responsabilidad, refuerzan miradas obsoletas y excluyentes que perpetúan el estigma y la exclusión hacia personas con discapacidad, sujetos de derechos que merecen un trato digno y respetuoso", dijeron entonces.

“Idiotas”, el calificativo a las personas con discapacidad intelectual

Ya en enero de este año, el Gobierno Nacional trató de “idiotas” y “retardados” a las personas con discapacidad intelectual. Lo hizo a través de una resolución publicada en el boletín oficial, que tenía como objetivo endurecer el acceso a los requisitos para el acceso a las pensiones no contributivas.

Los términos "idiota", "imbécil" y "débil mental" figuran en su anexo, en el que se describen los distintos grados de discapacidad intelectual de una persona, a fin de clasificarlos y establecer, de esa forma, un supuesto criterio médico para determinar quién debe percibir el beneficio y quién no.

Pero el problema fue que los términos que se utilizan fueron dejados en desuso hace más de 70 años. El Gobierno tenía dos bibliotecas a mano para redactar la resolución: la bibliografía de principios del siglo pasado o el último Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) que actualiza periódicamente la American Psychiatric Association, con el aporte de especialistas en la materia de todo el mundo. La última actualización de ese manual data de 2013 y por supuesto que rechaza el uso de palabras como "idiota".

Como dato no menor, el encargado de conducir la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es Diego Spagnuolo, abogado que representó a Milei en algunas causas judiciales antes que llegara a la Rosada, lo que le valió un vínculo de amistad con el ahora Presidente.