Este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. Con 143 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones, el proyecto avanza hacia el Senado impulsado por una intensa movilización de familias, instituciones y personas con discapacidad que vienen denunciando desde hace meses el abandono sistemático del Estado.

La ley, de ser aprobada, obligaría al gobierno nacional a destinar partidas presupuestarias extraordinarias para garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, el transporte, la educación y la inclusión social de las personas con discapacidad. La medida tendría un impacto fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI.

Desde el oficialismo, sin embargo, adelantaron que el presidente Javier Milei podría vetarla, como ya advirtió que haría con otras leyes sociales aprobadas por el Congreso. "Demagogia" y “gasto innecesario” son las palabras con las que sectores libertarios buscan minimizar el drama de miles de familias afectadas por los recortes. Pero detrás de los números hay vidas.

Una de ellas es la de Silvina, mamá de Máximo, un joven de 21 años con discapacidad que desde los 4 asiste al centro educativo terapéutico Despertares en Ezeiza. Su testimonio desnuda con crudeza la profundidad de la crisis:

“Lo más grave de todo fue que el gobierno no gira los fondos a Superintendencia de Salud y esta no paga las prestaciones a las obras sociales. Entonces, las obras sociales se atrasan muchísimo en el pago. Sumado a esto, la desregulación permite que las obras sociales aprueben o no prestaciones según su propio criterio, que casi siempre es económico”, explicó Silvina.

A su hijo le aprobaron el centro terapéutico, pero no el transporte. Unión Personal (su obra social) tercerizó el servicio y en zona sur directamente no tiene choferes. Hoy, Máximo sigue sin transporte y depende del esfuerzo diario de su madre, amigos o remises para poder asistir. “Se dificulta mucho. Y ni hablar del transporte público”, reconoció.

El problema de fondo es estructural. El nomenclador nacional, que establece los valores de las prestaciones y traslados, no se actualiza con la inflación. “Están pagando $571 el kilómetro de transporte cuando un Uber cobra más de mil. No cubre ni un litro de nafta. Y encima pagan a 90 días. Así nadie quiere tomar los viajes”, admitió Silvina.

La situación no solo afecta a su hijo. Muchos niños y jóvenes están sin tratamientos por falta de pago a los profesionales. Las instituciones educativas y terapéuticas, muchas de las cuales también garantizan alimentos a sus alumnos, están al borde del cierre. Especialmente grave es el caso del programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas: debe hasta ocho meses a las instituciones.

“El centro al que va mi hijo tiene casi el 50% de los chicos con Incluir Salud. Imaginate: no pagan, no actualizan, y hay riesgo de cierre. Por primera vez en 17 años, el centro tuvo que adherirse a los paros. Es tristísimo”, lamenta Silvina.

Más allá de la emergencia concreta, lo que se juega es el modelo de sociedad. Silvina lo resume con claridad: “No queremos volver a los tiempos en que los chicos con discapacidad vivían encerrados en sus casas. Ellos tienen una vida. Mi hijo participa en actividades, proyectos laborales, torneos de fútbol. Quieren estar incluidos, tener amigos, trabajar, vivir con dignidad”.

Y agrega: “No son ñoquis. No son gente que no quiere trabajar. Son personas que quieren tener la mejor calidad de vida posible, de acuerdo a sus capacidades”.

La media sanción es un paso importante, fruto de la presión y organización de un sector históricamente vulnerado pero con enorme capacidad de lucha. Ahora resta que el Senado convierta en ley el proyecto y que el Poder Ejecutivo comprenda que recortar en discapacidad no es ajustar el gasto: es recortar derechos humanos fundamentales.

La esperanza de Silvina y de miles de familias como la suya sigue intacta. “Yo sé que si lo vetan hay herramientas para revocar ese veto. Y sobre todo, necesitamos que la sociedad tome conciencia: las personas con discapacidad no pueden seguir siendo las variables de ajuste”.