El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial le quita de la exclusividad al sistema SUBE en la administración del pago de los boletos de transporte público de todo el país.
Con el fin de permitir la “interoperabilidad” para el acceso de los servicios de transporte público y tras conversaciones entre la Secretaría de Transporte y el Banco Central, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la quita del sistema SUBE.
El texto aclara que “se entiende por interoperabilidad de medios de pago a la capacidad para aceptar cualquier medio de pago electrónico sin contacto”, por lo que agrega que “se fomentará especialmente el uso de tecnologías que permitan la comunicación inalámbrica, segura y ágil entre el dispositivo de pago y los terminales de cobro en el transporte público de pasajeros”.
En este marco, el Gobierno dejó sin efecto el punto del convenio que fijaba a la SUBE como “único modo de percepción de tarifa electrónico”. Además, se dispone que “el Banco de la Nación Argentina será responsable del procesamiento de la totalidad de las transacciones y de la administración y mantenimiento del equipamiento embarcado y no embarcado, en las condiciones que a tal efecto establezca la Autoridad de Aplicación del presente y, de estimarlo necesario, podrá encomendarle el ejercicio de las funciones derivadas de su rol de Agente de Gestión y Administración -en forma total o parcial- a sus sociedades vinculadas en consideración de sus respectivas competencias”.
Si bien no hay una certeza de cuándo comenzará a regir esta medida, en las próximas semanas el Gobierno irá informando fechas, condiciones y características de la apertura del sistema y se establecerán las etapas en las que se irá alcanzando la totalidad de los modos de transporte en todo el país. Inicialmente, se estima que comenzará a funcionar en algunas localidades en el interior del país a partir de septiembre.
Asimismo, el sistema SUBE seguirá cumpliendo un rol clave para fiscalizar los servicios que prestan las empresas de colectivos y los gastos que realizan, además de ser una herramienta que permite subsidiar la demanda en el transporte público.
Esta reforma, aclara el documento presentado, no causará gastos al estado ya que cada empresa de transporte deberá “negociar” con las entidades financieras que emitan los medios de pago para adecuarse a esta medida.
